Hay verdades que incomodan porque desmontan el decorado entero en el que hemos aprendido a vivir. En nuestra primera ventana explicábamos por qué este 29N hemos decidido quedarnos al margen de las urnas. Hoy toca rascar el barniz institucional y mirar de frente la maquinaria que sustenta esta partitocracia. El juego democrático actual no es un fin en sí mismo ni un dogma sagrado, sino un instrumento imperfecto que, cuando se corrompe hasta convertir el voto en un cheque en blanco y la soberanía en una ficción, exige no la reforma tímida, sino su completa superación.
Como recuerda Fernando del Pino, la democracia es «el régimen político donde el ciudadano confía los intereses públicos a quienes no confiaría jamás sus intereses privados» (Nicolás Gómez-Dávila). Y los Padres Fundadores de Estados Unidos la resumían aún mejor al advertir que la democracia pura sin frenos ni contrapesos equivale a «dos lobos y una oveja votando qué hay para cenar esta noche». Por eso, cuando el voto deja de ser un acto racional para convertirse en un reflejo condicionado por la propaganda y la polarización constante, en una sociedad hiperpolitizada donde los medios no hablan de otra cosa que de las trifulcas de los políticos, cobra todo su sentido la célebre frase de Winston Churchill: «el mejor argumento contra la democracia es una conversación de un cuarto de hora con el votante medio». O la inquietante pregunta del profesor Jason Brennan: «¿Quién ha decidido que esa gente mande sobre mí?». No en vano, ya Platón en La República advertía del peligro de dejar el timón del Estado a merced de las pasiones de la masa en lugar de la sabiduría y la virtud.Porque, seamos honestos: el juego de la democracia es, sencillamente, una herramienta creada por los seres humanos para organizar la convivencia y preservar el bien común. Y como ocurre con cualquier herramienta en nuestra vida diaria, cuando deja de cumplir su propósito o empieza a hacer daño a quienes la usan, tenemos no sólo el derecho, sino el deber moral de evaluarla, cuestionarla y, si es necesario, sustituirla.
Es aquí donde debemos detenernos en una de las mayores imposturas ideológicas del sistema: la falsa equiparación del voto con un "deber cívico". Nos han repetido hasta la saciedad que acudir a las urnas es una obligación moral, un acto de patriotismo y un signo de madurez ciudadana. Pero, como recordaba incansablemente Antonio García Trevijano, el voto es un derecho político, una conquista histórica frente al poder absoluto, jamás un deber. Los deberes se imponen a los súbditos; los derechos se ejercen libremente por los ciudadanos. Convertir el sufragio en una obligación moral o culpabilizar a quien decide no ejercerlo es un mecanismo de ingeniería social del Estado para obligarnos a legitimar nuestra propia falta de representación. Nadie está obligado a utilizar una herramienta diseñada para ratificar un sistema que le anula.
De hecho, hay una trampa sutil en la que caemos constantemente al hablar de política: la diferencia enorme que existe entre las "jugadas" y las "reglas del juego". Los medios de comunicación, las tertulias y los debates partidistas nos tienen perpetuamente entretenidos en las jugadas (el escándalo del día, la última frase desafortunada, la bronca parlamentaria o la táctica electoral de los partidos). Esa es la televisión que divierte y solivianta. Pero esa partida está amañada desde el principio, porque lo que jamás se debate en esos platós son las reglas del juego. Nos invitan a discutir sobre quién ha ganado la mano, ocultando tramposamente que la baraja entera está marcada. Votar dentro de este sistema es aceptar jugar una partida donde la banca (el aparato de los partidos estatales) siempre gana, porque las normas de la representación y del poder se redactaron precisamente para excluir al ciudadano de cualquier control real. Por eso, no es que seamos equidistantes entre las izquierdas y las derechas, es que tras todo lo ya vivido, somos profundamente escépticos de las reglas por las que unos y otros nos gobiernan.
Además, el régimen ha conseguido institucionalizar una peligrosa anomalía hasta convertirla en paisaje cotidiano: lo que es un fraude estructural se disfraza de normalidad democrática. Así, nos hemos habituado a que la política sea una permanente batalla entre tribus identitarias, colores y trincheras ideológicas. El sistema funciona a golpe de reflejo condicionado, explotando el miedo y la identificación partidista para que el ciudadano renuncie a pensar por sí mismo. Nos aterroriza quedar fuera del rebaño o que gane el "bando rival", y ese chantaje emocional perpetúa una costumbre perniciosa: acudir religiosamente a las urnas a convalidar un modelo agotado simplemente porque "siempre se ha hecho así" o porque nos convencen de que no hay alternativa. Romper esa costumbre mediante la abstención consciente no es resignación, sino el primer acto de higiene mental y democrática para dejar de naturalizar lo inaceptable.Solemos repetir casi de forma automática la palabra "democracia" como si fuera un talismán mágico que garantiza por sí solo la justicia y la libertad. Pero si rascamos un poco la superficie, nos topamos con preguntas incómodas que grandes pensadores llevan siglos formulando. De este modo, la regla de la mayoría, elevada hoy a categoría de verdad absoluta, es profundamente problemática. El filósofo Michael Huemer lo ilustraba con una escena cotidiana muy gráfica: imagina que sales a cenar con varios amigos y, al llegar la cuenta, la mayoría vota que la pagues tú íntegramente. ¿Es justo solo porque lo haya decidido una mayoría? Llevado al extremo, como planteaba Hans-Hermann Hoppe, si existiera un gobierno mundial regido por la simple mayoría aritmética, el planeta entero sería gobernado exclusivamente por las mayorías demográficas de China e India. Ya en el siglo XIX, Herbert Spencer advirtió con lucidez que «la gran superstición política del pasado fue el derecho divino de los reyes, y la gran superstición política del presente es el derecho divino de los parlamentos». Cuando las mayorías lo pueden todo sin límites, las élites descubren rápido el truco: adular y seducir a las masas con promesas pagadas con dinero público hasta convertir cada campaña electoral en una vulgar subasta de votos. No sé si alguien habrá visto algo de esto en esta campaña del #29N...
A esto se suma una confusión deliberada entre libertad política y libertad personal. Nos hacen creer que somos libres porque podemos elegir una papeleta cada cuatro años, mientras aceptamos con resignación que se recorten nuestras libertades más íntimas y cotidianas. Pensemos en algo tan tangible como la libertad sobre el fruto de nuestro propio trabajo o sobre nuestro cuerpo y movimientos: ¿de qué sirve el derecho al voto si el Estado decide cada vez más qué podemos decir, cómo debemos educar a nuestros hijos, cuánto de nuestro esfuerzo se queda en impuestos o bajo qué condiciones podemos salir de casa? Como advertía Bertrand de Jouvenel, «la soberanía del pueblo no deja de ser una ficción que, a la larga, no puede menos que destruir las libertades individuales». Mientras con una mano nos permiten depositar un sobre en una urna cada cuatro años como distracción, con la otra nos van estrechando el cerco regulatorio en nuestro día a día. Basta leer con atención algunos de los últimos documentos y agendas de organismos supranacionales como la ONU para comprobar hacia dónde apunta ese control global.
Por eso, en la práctica, lo que solemos llamar democracia se parece mucho más a lo que el historiador Ronald Syme definía con crudeza: una oligarquía democrática sometida a un mayor o menor control por parte del pueblo. Pero por si todo lo anterior no fuera suficiente para replantearnos este "juego democrático", para colmo, no todas las democracias son iguales. Su calidad moral y real dependen de factores que rara vez se debaten en las tertulias: si hay separación real de poderes o un poder único camuflado; si los jueces y la policía son independientes u obedecen al Gobierno de turno; si los medios de comunicación informan con libertad o viven de subvenciones estatales; si existe una población formada y serena o una sociedad infantilizada, enfrentada por los resultados electorales y movida por las pasiones más bajas (particularmente el miedo y la envidia); si existe o no una mínima moral pública, por ejemplo, respecto al cumplimiento o no de las promesas electorales.
Si aterrizamos estas reflexiones en nuestra propia casa, en España, el diagnóstico se vuelve todavía más nítido gracias a pensadores como Trevijano. En España no tenemos una democracia formal, sino una partitocracia oligárquica bajo forma de monarquía parlamentaria. Para entenderlo, basta mirar el origen de nuestro régimen actual. La Constitución de 1978 no nació de un proceso constituyente genuino en el que los ciudadanos eligieran libremente a una asamblea dedicada exclusivamente a redactar las reglas del juego. Nació de un pacto de despachos entre los herederos del régimen anterior y las cúpulas de los partidos de la oposición, a espaldas del pueblo. No decimos que no tuviera su mérito. Quizás logró evitar un derramamiento de sangre y una confrontación civil. Quizá haya permitido años de convivencia pacífica. Pero presenta claras deficiencias que, transcurridos ya casi 50 años, quizás deberíamos replantearnos.
De aquel pacto nació un engranaje diseñado para que los partidos políticos dejaran de ser asociaciones libres de la sociedad civil y se convirtieran en órganos del Estado, financiados con dinero público e inmunes en la práctica al control de los ciudadanos. De este modo, en nuestro sistema actual:
• No hay separación de poderes: El Gobierno (Ejecutivo) y el Parlamento (Legislativo) no son poderes independientes que se vigilan mutuamente, sino que están fusionados bajo el mando de las cúpulas de los partidos. Y el Poder Judicial, lejos de ser un contrapeso autónomo, ve cómo sus órganos de gobierno son repartidos por cuotas entre las mismas formaciones políticas.
• No existe verdadera representación: Mediante el sistema de listas cerradas y bloqueadas, los ciudadanos no elegimos a una persona concreta que rinda cuentas ante nosotros, sino que validamos una lista confeccionada a dedo por el jefe del partido. El diputado no obedece a sus electores ni a su conciencia; obedece al mandato imperativo de quien le puso en la lista y puede borrarle de la siguiente.
• La corrupción no es un accidente, es el combustible del sistema: cuando los partidos controlan el Estado, los jueces, los medios de comunicación mediante subvenciones y las grandes adjudicaciones públicas en connivencia con los poderes económicos, la corrupción deja de ser un fallo moral de unas cuantas "manzanas podridas" para convertirse en una consecuencia estructural inevitable.
Por eso, en el primer post decíamos que no basta con cambiar el sentido hacia el que circula la máquina: hay que desmontar esta máquina viciada para construir una nueva. Incluso las propuestas que en su día parecían más rupturistas acabaron absorbidas por la lógica del sistema. Y por eso también entendemos que votar en blanco o nulo sigue siendo validar las reglas del tablero, mientras que la abstención consciente y masiva es la única herramienta pacífica y digna para retirar el consentimiento moral a un sistema que nos pide que legitimemos nuestra propia impotencia.
Criticar lo que no funciona es necesario, pero quedarse solo en la queja sería estéril o pura pasividad. Si algún día los españoles decidiéramos abrir un verdadero proceso constituyente, no tutelado por las cúpulas de los partidos, sino protagonizado por ciudadanos libres, con el objetivo de dotarnos de una Constitución auténticamente democrática, ¿sobre qué pilares debería asentarse?
Inspirándonos en los principios clásicos de la limitación del poder, éstas serían quizá las 10 características esenciales de un sistema diseñado para servir al ciudadano y no a las élites:
1. Separación radical de poderes en origen: El poder Ejecutivo y el Legislativo deben elegirse en urnas distintas y en momentos diferentes. El presidente del Gobierno o de la República no debe salir del Parlamento ni depender de sus pactos de pasillo, evitando así que el partido gobernante secuestre tanto las leyes como su ejecución, o que se venda la nación por 4-5 escaños a grupos minoritarios.
2. Elección por distritos uninominales: Adiós a las listas cerradas y bloqueadas. El país se dividiría en pequeños distritos donde cada ciudadano votaría directamente con nombre y apellidos a una persona concreta de su territorio, a la que conoce y a la que puede exigir responsabilidades cara a cara. Cuando Mey vivió en Canadá no dejaba de sorprenderme cómo amigos suyos iban directamente a hablar de sus demandas a sus representantes. Pura utopía aquí.
3. Mandato representativo y prohibición del mandato imperativo: El diputado electo representa únicamente a los ciudadanos de su distrito y a la nación, nunca a las siglas de un partido. Se prohibiría por ley que las direcciones de los partidos puedan multar, expulsar o disciplinar a un parlamentario por votar según su conciencia.
4. Independencia absoluta de la Justicia: Los jueces y magistrados elegirían directamente a sus órganos de gobierno sin ninguna intervención de los políticos ni del Parlamento. Asimismo, la Fiscalía debería ser completamente autónoma del Gobierno de turno.
5. Fin de la financiación estatal de los partidos y sindicatos: Los partidos políticos vuelven a ser lo que nunca debieron dejar de ser: asociaciones privadas de la sociedad civil. Se prohibiría que reciban ni un solo euro de los presupuestos públicos; deben sostenerse exclusivamente con las cuotas voluntarias de sus afiliados y donaciones privadas transparentes.
6. Elección directa de la Jefatura del Estado: La máxima magistratura del Estado emana directamente del sufragio universal de todos los ciudadanos, dotada de legitimidad propia y separada de las intrigas parlamentarias.
7. Origen constituido desde la soberanía popular: La Constitución no nace de un acuerdo secreto entre políticos, sino de una Asamblea Constituyente elegida exclusivamente para redactarla y sometida posteriormente a un referéndum libre tras un periodo real de debate público.
8. Mecanismos reales de revocación y control cautelar: Si un representante traiciona flagrantemente los compromisos por los que fue elegido en su distrito o incurre en abusos, los ciudadanos dispondrían de mecanismos legales ágiles para revocar su mandato antes de que acabase la legislatura. Que les pregunten a los suizos si no se puede votar todo aquello que interesa en la era digital.
9. Incompatibilidad estricta entre Gobierno y Parlamento: Ningún ministro ni miembro del Ejecutivo puede ser al mismo tiempo diputado. Quien gobierna gestiona; quien está en el Parlamento legisla y fiscaliza al Gobierno sin ser juez y parte.
10. Prensa libre sin subvenciones ni monopolios estatales: Se prohibirían las subvenciones públicas y la publicidad institucional arbitraria a los medios de comunicación, garantizando que la información sea verdaderamente libre y no un altavoz comprado con el dinero de todos.
Sabemos que este horizonte hoy parece lejano. La maquinaria de la partitocracia está profundamente arraigada y cuenta con todos los altavoces mediáticos para hacernos creer que fuera de sus muros solo existe el caos o el vacío. Sólo basta con leer algunos de los mensajes que, incluso desde el cariño, nos han enviado amigos y conocidos tras nuestro primer post.Pero la historia nos enseña que ningún sistema agotado dura para siempre cuando pierde su legitimidad moral ante la conciencia de las personas. Mientras llega el momento en que la sociedad civil madure lo suficiente para exigir reglas de juego verdaderamente libres, nuestra tarea en casa sigue siendo la misma que compartíamos en la primera parte de esta reflexión: no dejar que nos arrastren al fango de la confrontación estéril, cultivar el pensamiento crítico, educar a nuestros hijos en la libertad de conciencia y negarnos a ser cómplices voluntarios de un juego-trampa.
Porque antes de cambiar las leyes de un país, hace falta que existan ciudadanos que no tengan miedo a pensar por sí mismos.
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