Fue sin duda premonitorio. Nuestra entrada como familia en el Sistema Educativo fue "por la puerta grande". Nuestro hijo mayor, que hoy tiene 14, iba a iniciar sus primeras clases de preescolar. Nosotros por aquel entonces vivíamos en Linares y lo apuntamos en un colegio que por calidad y cercanía nos convencía mucho. Por si acaso, planteamos una segunda alternativa en otro centro también cercano, por si no resultaba adjudicatario en ese centro. Para nuestra sorpresa, no le adjudicaron ni en uno ni en otro, sino en otro colegio a kilómetros de distancia y con fama de problemático. Como no salía de mi asombro, me estudié la normativa para ver qué había sucedido. Al margen de las familias que habían hecho "trampas" a través de empadronamientos falsos, al parecer el sistema informático no había recogido la complejidad del sistema de reparto de plazas, y por tanto ni contempló nuestra segunda opción. Pedí reunirme con el Director del Centro y después con el Inspector de Educación, y ambos me dieron la razón. Me prometieron que incorporarían ese "lapsus" que se había producido, me dieron una "palmadita en la espalda" y me agradecieron los servicios prestados por la causa educativa en nuestra región. Pero iba a ser que no. Hubo una "palmadita interruptus". No estaba dispuesto a que mi hijo, y otra veintena de familias más, fueran tratadas como cobayas y tuviéramos que asumir un error ante el que no parecían tener respuesta ni solución.
Empecé a organizar a los padres y montamos una plataforma reivindicativa. Empezamos a recoger firmas y mostramos que no estábamos dispuestos a transigir con una injusticia ante la que nos pedían agachar la cabeza. Nuestra propuesta era montar una unidad o clase más en el centro, dado el crecimiento demográfico que se estaba produciendo en la zona, y el protagonismo que ese centro estaba llamado a ostentar.
Pero nuestra "amada" administración autonómica tenía otros planes: se dedicó a llamar uno a uno a esa veintena de familias, para "bajo cuerda", ofrecerles una "valiosísima" plaza en distintos centros concertados, ¡y a coste cero!. Y como suele suceder en estos casos, el modo "chollazo total" se activó, y al grito de "tonto el último", todas las familias acogieron con los brazos abiertos unas plazas que en otras circunstancias no habrían querido "ni en pintura". Pero así es el ser humano a veces: "mejor pájaro en mano..." Y lo de "la unión hace la fuerza" prefirieron dejarlo para otro día.
Tan sólo nosotros y otra familia, que ya tenía a otro hijo matriculado en el centro, y a la que arbitrariamente habían dejado fuera de la zona de influencia del centro, dijimos un "no" rotundo. Llegaríamos hasta las últimas consecuencias, incluida la no-matriculación del niño ese curso. Además, aproveché y adelanté a la secretaria de la Delegada el borrador de una nota de prensa, que preparé para remitir a los medios de comunicación informando del caso, junto con la invitación al Inspector para debatir en un programa de radio que llevaban unos amigos las "bondades" de aquel sistema de matriculación. Casualmente esta familia y nosotros fuimos los únicos que finalmente tuvimos plaza en el centro en cuestión a las pocas semanas.
Casi 12 años después nos encontramos en otra batalla contra la misma administración educativa de la Junta de Andalucía. Parece que el tiempo ha mejorado poco su gestión. Y de nuevo ayer mismo tuvimos que "enseñar los dientes", anunciando una huelga general de estudiantes y familias, ante unos flagrantes incumplimientos en materia de educación musical en el conservatorio de mis hijos. Algún día contaré los pormenores de esa batalla. Lo que tengo claro es que, como ya nos sucedió hace años, si la causa es justa, no caben atajos, y una administración jamás podrá doblegar a un amplio número de familias, actuando al unísono en defensa de sus hijos, especialmente si tienen claro que no es posible delegar en otros la hermosa tarea de educar a su prole. Como entonces, nos toca una "vuelta al cole" algo revuelta.
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